CALCULANDO pago de dietas legislativas y municipales

UNA ONEROSA DIETA MUNICIPAL

Con el mismo ímpetu con que hemos abogado en esta página editorial por la eliminación del pago de dietas legislativas, hacemos extensivo ese emplazamiento a las legislaturas municipales que destinan al pago de las mismas más de $5 millones anuales.

Con el mismo ímpetu con que hemos abogado en esta página editorial por la eliminación del pago de dietas legislativas, hacemos extensivo ese emplazamiento a las legislaturas municipales que destinan al pago de las mismas más de $5 millones anuales.Esa cifra representa el 25% del presupuesto anual de las asambleas de los 78 municipios, lo que constituye un descaro, un abierto menosprecio a la salud de las finanzas municipales y una burla a la población a la que sirven.

Un análisis de los estados financieros municipales publicado por El Nuevo Día reveló que la cuantía destinada al pago de dietas para compensar el gasto por alimentación y millaje cada vez que un legislador municipal acude a una sesión, vista pública o reunión no guarda relación con las finanzas de muchos ayuntamientos.

El descontrol de gastos es evidente en unos diez municipios que terminaron con las arcas en rojo, de acuerdo con el informe de los estados financieros de los municipios para el año 2008-09, preparado por la Oficina del Contralor, pero a pesar de ello pagaron más de $100 de dieta diaria en el pasado año fiscal a sus asambleístas.

Tomemos por ejemplo los municipios de Cataño y Toa Baja cuyos presidentes de cada una de esas legislaturas reciben $150 por día y los demás legisladores $125 cuando arrastran déficit de más de $5 millones y $13.5 millones, respectivamente. Esto contrasta grandemente con la dieta de $41 por día de sesión que reciben los legisladores de estados como Maryland, Florida, Alaska, Hawai, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas, que superan por mucho las poblaciones de nuestros municipios y sólo se reúnen entre 60 y 90 días al año.

El problema del pago de dietas es evidente aún en aquellos municipios que pueden costearlo. Tomemos, por ejemplo, el municipio de Carolina cuya legislatura municipal efectuó 314 sesiones o reuniones, por las que pagaron $356,975 en dietas, un 29% por encima de lo presupuestado para esos fines. Esto no sólo denota mala planificación sino una crasa falta de disciplina en el manejo de las finanzas públicas.

A ello se suma el hecho de que el pago de dieta a los legisladores municipales por hacer el trabajo para el cual aspiraron voluntariamente tampoco guarda relación, en muchas instancias, con la labor de fiscalización que de ellos se espera como poder legislativo municipal.

No estamos ajenos al argumento de que es injusto eliminar las dietas de los 1,082 legisladores municipales del País porque éstos ejercen a tiempo parcial, contrario a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, que reciben dietas de entre $150 y $160 por el mero hecho de asistir a su trabajo, y que lo que hace falta son controles para este gasto.

Pero harto sabido es que las medidas adoptadas bajo estatutos como la Ley de Municipios Autónomos, para evitar el abuso de los tesoros municipales, han sido tímidas a lo sumo. Todavía muchas legislaturas municipales operan en contubernio con los alcaldes y establecen una especie de “quid-pro-quo”, donde el ejecutivo le firma una ordenanza para aumentar sus dietas, a cambio de que los legisladores municipales aprueben otra aumentándole el sueldo.

Los legisladores municipales tienen la obligación de demostrarle al País que entienden y practican el mensaje de mesura, prudencia y razonabilidad en el gasto público requerido a todos los niveles.

Los exhortamos a que comiencen a hacerlo eliminando el pago de las dietas demostrando con ello un verdadero compromiso con el servicio público.